Fuente: Mercurio de Antofagasta/Eugenio Sugg Gálvez
Industria nacional deberá enfrentar una treintena de negociaciones colectivas bajo las normas de la Reforma y mejores precios del cobre.
Una treintena de negociaciones colectivas deberá enfrentar la minería nacional durante el próximo año. Además de los 10 procesos que se desarrollarán al interior de Codelco -incluyendo a Chuquicamata-, será nuevamente el turno del Sindicato N° 1 de Minera Escondida y otras tantas organizaciones de la minería privada, situación que nuevamente amenaza con mermar las proyecciones de producción de la industria e ingresos al erario nacional.
En el caso de la minera estatal, entre las operaciones que deberán negociar están -según los registros del Consejo Minero- los sindicatos de trabajadores de Radomiro Tomic, Casa Matriz, Ministro Hales y Ventanas; además de los supervisores de Chuquicamata y Andina; y las organizaciones sindicales que agrupan a los profesionales de Gabriela Mistral y Ministro Hales.
Asimismo, y sólo en El Teniente, deberán iniciar proceso con los sindicatos Caletones, El Teniente, N° 7, N° 5, Sewell y Mina Unificado, cuyo contrato colectivo vence en octubre.
Servicios mínimos
Respecto de Chuquicamata, el sindicato único de supervisores -que reúne a unos 700 socios- tenía plazo hasta el jueves para acordar los servicios mínimos con la empresa.
Hubo reuniones en Calama durante prácticamente todo el día, pero no pudieron alcanzar un acuerdo. Lo que corresponde ahora es que la Dirección del Trabajo determine la composición de esa dotación.
Y fue precisamente eso lo que ocurrió en Minera Escondida. Tras no alcanzar acuerdo la minera y su Sindicato N°1, fue la autoridad laboral la que fijó los servicios mínimos en caso de una huelga durante el proceso que se iniciará en junio próximo luego que este año el sindicato decidiera acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo que renovó su contrato por 18 meses después de 44 días de huelga.
La propuesta original del equipo de la minera liderado por el vicepresidente legal de BHP Nicolás Lustig y el estudio Sáez & Fernández, consideraba la calificación como servicio mínimo para un equipo de emergencia a cargo de 86 operarios y mantenedores y de 96 supervisores.
Finalmente, el fiscalizador laboral fijó el servicio mínimo en 80 trabajadores para el primer grupo y en 92 para el segundo estamento, muy cerca de lo que pidió la compañía, lo que las organizaciones sindicales temen sea un mal precedente para sus pretensiones.
En la minería privada también están previstos los procesos negociadores en Lomas Bayas, Los Pelambres, Centinela (Sindicatos Sulfuro Mina, Sulfuro Planta, Óxido Planta y Óxido Mina) y los operadores de Spence, entre otros.
De los cerca de 30 procesos que se desarrollarán durante el próximo año, al menos 14 afectarán a operaciones ubicadas en la región de Antofagasta.
Riesgo
El escenario se adelanta complejo toda vez que aún hay aspectos de la nueva legislación laboral que no están claros y las mejores perspectivas para el cobre alientan las expectativas de los trabajadores.
Así lo dejó ver el gerente de Estudios de la Sonami, Álvaro Merino, quien proyectó un crecimiento de la industria en torno al 6% para 2018, con una producción cercana a los 5,9 millones de toneladas de cobre.
Sin embargo, el ejecutivo advirtió que frente a estas proyecciones hay que tener cautela por cuanto hay elementos de riesgo que podrían hacer variar esas estimaciones.
“Desde el punto de vista de la producción, se debe tener presente que el próximo año se van a efectuar alrededor de 30 negociaciones colectivas en la minería, de modo tal que si eventualmente paralizan algunas actividades mineras tanto la producción como el crecimiento proyectado será menor”, precisó Merino.
Respecto de este escenario, Agustín Latorre, director de Comunicaciones de la Federación Minera de Chile (FMC), aseguró que existe la posibilidad real de que se gatillen conflictos.
“Pese a la Reforma la cancha sigue desnivelada, no hubo un gran cambio. Ahora las perspectivas de precio para el cobre son muy alentadoras, pero históricamente las empresas se han negado a compartir esos beneficios con sus trabajadores y si persisten en esa actitud, es altamente probable que se produzcan conflictos laborales el próximo año”, dijo.
Agustín, Latorre, Director, FMC”
“Si las empresas persisten en su actitud es altamente probable que se produzcan conflictos laborales el próximo año”.”